Publico hoy en Raining Stones la versión castellana del post «Patrimoni, política i ciutadania» que escribí por invitación de «Cafès de Patrimoni» para su nuevo debate sobre políticas de patrimonio.

Ha sido un placer escribir para «Cafès de Patrimoni» con los que he compartido también interesantes tertulias hablando de patrimonio, cultura y actualidad. Su blog fue recientemente galardonado con el premio «Blog Catalunya 2013″ en la categoría Historia, Patrimonio y Tradiciones en reconocimiento a su labor de divulgación y de fomento del debate.

Patrimonio, política y ciudadanía / Manel Miró, 21-10-2013

Cuando me preguntan si la política debe estar al servicio del patrimonio o el patrimonio al servicio de la política no puedo evitar pensar que se trata de una pregunta trampa o de una pregunta capciosa en el sentido de que puede inducir a pensar que es bueno que la política esté al servicio del patrimonio y que es malo que el patrimonio esté al servicio de la política o pensar que ambas cosas son incompatibles. La realidad, sin embargo, es que patrimonio y política conviven diariamente y que nuestro juicio sobre su relación estará en función de nuestra opción política pero también de nuestro talante político.

Una vez oí decir que la bomba de neutrones había sido un invento muy positivo para el patrimonio pues destruía al enemigo sin dañar sus monumentos . Dejando de lado que esta boutade está inspirada por una visión muy estrecha de patrimonio, entendido sólo como patrimonio material, lo que me interesa destacar es que refleja una idea de política que está al servicio del patrimonio pero que… está en contra de las personas. Un ejemplo más cercano y probable de este mismo planteamiento lo encontraríamos en aquellos casos donde se ha expulsado a personas con pocos recursos de un centro histórico para convertirlo en una zona monumental atractiva para turistas o cuando se ha rehabilitado un barrio para modificar su estructura social, fenómeno conocido como gentrification.

Personalmente pienso que es bueno que el patrimonio esté al servicio de la política, siempre que esta política esté al servicio de los ciudadanos y respete las leyes de preservación del patrimonio de las que nos hemos dotado democráticamente. En otras palabras, prefiero poner el patrimonio al servicio de las personas que las personas al servicio del patrimonio, aunque esta cuestión no siempre sea evidente ni fácil de resolver y, a menudo, se utilice este argumento para hacer demagogia y defender intereses particulares. En mi opinión, la cuestión clave de una política de patrimonio está en cómo se usa el patrimonio o, dicho de otro modo, qué papel se le da al patrimonio en los diferentes modelos de sociedad que defiende cada una de las distintas opciones políticas.

Veamos el caso español. La construcción del Estado democrático en España dio pie al desarrollo de políticas orientadas a la preservación del patrimonio abriendo una etapa que podríamos llamar legislativa , caracterizada por la redacción de leyes de patrimonio (como la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español o la Ley 9 /1993 del Patrimonio Cultural Catalán ) y, también, de normativas con las que se intentó detener o, al menos, minimizar el proceso de destrucción de bienes patrimoniales que había provocado el agresivo modelo de desarrollo turístico y urbanístico iniciado durante el franquismo y continuado después.

En los años 70, la movilización ciudadana evitó la urbanización del actual Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Foto: LASTORMEDIA.

Con la implantación de los ayuntamientos democráticos y la creación de los gobiernos autonómicos, las políticas de patrimonio se multiplicaron en los diferentes niveles territoriales y administrativos. Además de las leyes, esta » etapa legislativa » se caracterizó por la proliferación de catálogos, inventarios, cartas arqueológicas o planes especiales, que ponían de manifiesto que la atención de las políticas patrimoniales estaba centrada en la creación de las herramientas que permitieran un eficaz control de los recursos del país. En la medida en que estas normativas defendían el patrimonio de la especulación se puede decir que habían surgido de políticas que estaban «al servicio » del patrimonio.

A raíz del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 y coincidiendo con los años de preparación de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 se abrió paso una nueva etapa en el ámbito de las políticas patrimoniales, la de la proliferación de equipamientos. Con altibajos, esta etapa duró hasta 2008 y se caracterizó por la construcción de un gran número de nuevos equipamientos patrimoniales , la remodelación de equipamientos existentes y la restauración de monumentos. En este periodo destaca la irrupción de un nuevo tipo de equipamiento patrimonial, los centros de interpretación, que se multiplicaron por todo el país.

Durante esta etapa se incrementó muy sustancialmente la recuperación de bienes patrimoniales y el concepto de lo que es patrimonio se amplió, integrando patrimonios que tradicionalmente habían sido desatendidos como el patrimonio inmaterial o el patrimonio industrial.

Río Tinto, un ejemplo de la ampliación del concepto de patrimonio hacia los testimonios de la industrialización. Fotografía de Ricardo Martín Herrero.

Esta situación se vio acompañada de un crecimiento del consumo cultural y de la consolidación del turismo cultural como un nuevo sector de actividad económica que abría grandes expectativas para el desarrollo local, especialmente en lugares que habían visto desaparecer sus actividades tradicionales tales como zonas mineras, rurales o industriales. En muchos de estos lugares el patrimonio, entendido en un sentido amplio, se convirtió en una esperanza de futuro.

El Molino de Santa Olaja en la Marisma del Joyel, un espacio natural salvado de la especulación y que hoy se ha convertido en el icono de un modelo de desarrollo turístico sostenible.

De manera natural y legítima, el patrimonio se puso al servicio de la política, lo que debía ser positivo para el patrimonio pues debía favorecer su integración de manera más activa en las dinámicas de desarrollo local. Esta concepción fue potenciada desde la década de los noventa del siglo pasado por la Unión Europea que multiplicó los fondos dedicados a la recuperación del patrimonio al considerarlo un importante yacimiento de empleo y un motor de crecimiento económico. Todo hacía pensar que el sector del patrimonio dejaría de ser aquel sector marginal que sólo interesaba a la gente de la cultura y que generaba poco empleo.

Además de la creación de equipamientos, otro síntoma claro del crecimiento del sector fue la rápida multiplicación de ofertas formativas especializadas en el ámbito del patrimonio en las universidades de toda España con Barcelona en primera línea. También Barcelona, especialmente la Diputación de Barcelona, fue pionera en promover un enfoque moderno y estratégico de la gestión del patrimonio. El proyecto de modernización de Empúries dirigido por Jordi Pardo se convirtió en un referente para una generación de profesionales del patrimonio que en aquellos momentos estábamos empezando.

En los años 90, el proyecto de interpretación y gestión del Conjunto Monumental d’Empúries se convirtió en un referente de la modernización de la puesta en valor del patrimonio en España.

Pero poner el patrimonio al servicio de la política también implica riesgos y en el balance final de estas dos décadas de crecimiento que experimentó en España el sector del patrimonio encontraremos tanto luces como sombras. Unas sombras que hicieron que las grandes expectativas generadas se convirtieran finalmente en modestas realidades.

Si nos fijamos en los argumentos que han justificado las inversiones de la mayor parte de los equipamientos patrimoniales construidos en España en las dos últimas décadas, a menudo encontraremos discursos que ponen el énfasis en la recuperación del patrimonio, en la democratización del acceso de los ciudadanos a la cultura y en la contribución del patrimonio al desarrollo local. Pero en muchos casos este discurso políticamente correcto se ha usado para justificar otros intereses, muy especialmente para justificar el gasto en la construcción de infraestructuras que han favorecido más al sector inmobiliario que al del patrimonio.

El Centro de Interpretación del Karst y el Hábitat Rupestre Justo del Castillo (Asturias) ha estado cerrado prácticamente desde el día de su inauguración. Sobrevive gracias a una escuela taller que lo abre una vez por semana

Son numerosos los casos de restauraciones de monumentos que obedecen más a un capricho político que a una estrategia pensada o los casos de equipamientos patrimoniales cerrados poco después de ser inaugurados. En ambos casos el dinero invertido en la recuperación del patrimonio no consigue revertir después en la consolidación del sector sino que sólo sirve para alimentar la maquinaria urbanística. Los millones de euros invertidos en recuperar patrimonio no han sido capaces de generar los puestos de trabajo que cabría esperar, y me refiero a los puestos de trabajo que deberían haber creado más allá del momento de la construcción. Es el caso , por ejemplo , de muchos centros de interpretación que han sido abiertos mientras el coste de personal lo pagaba un plan de empleo, pero que se han cerrado cuando han tenido que financiarse con recursos propios. La precariedad ha sido la tónica general de muchos de estos centros de interpretación, la mayoría de ellos carentes de dirección y de estrategias de gestión imaginativas y sostenibles.

También es significativo que durante estos últimos veinte años el debate político sobre el patrimonio se haya centrado principalmente en «qué» patrimonios había que poner en valor (recordemos la gran polémica sobre el Born Centre Cultural que aún está viva) y no en «cómo» se debía gestionar el patrimonio. Desde mi punto de vista parece que el «relato partidista» hubiera sustituido al «relato democrático» y el debate «ideológico» al debate «político».

¿Cómo podemos hoy en día distinguir a qué idea política responde un proyecto de puesta en valor del patrimonio más allá de fijarnos en la temática escogida, si los objetivos, los modelos de gestión y el tipo de implantación territorial son los mismos? ¿Tienen las diferentes opciones políticas una política de patrimonio claramente diferenciable entre ellas? Muchas veces las diferencias están sólo en los detalles, como el hecho de cobrar o no entradas en un museo, pero no en la cuestión esencial de cómo utilizar el patrimonio en el marco del desarrollo territorial, más allá de celebrar las glorias locales.

El Park Güell de Barcelona ha sido objeto de debate sobre si se debía o no pagar una entrada para visitarlo.

En 2008 la explosión de la burbuja inmobiliaria hizo que el sistema se tambaleara y, como no podía ser de otra manera, afectó duramente al sector del patrimonio. En primer lugar a las empresas vinculadas más estrechamente al sector de la construcción como las de arqueología o de exposiciones. Luego tocó el turno a los trabajadores y las empresas vinculadas al sector de la administración pública como el personal laboral de museos y monumentos y las empresas de consultoría.

El resultado de estos años de crisis ha sido el adelgazamiento de un sector que había crecido quizá en exceso. Mientras el dinero fluía en abundancia el sector del patrimonio creció en España de manera desordenada, heredero de una tradición que ha puesto más el acento en la administración de los recursos que en lo que podríamos llamar la «gestión creativa», una tradición que no ha sido capaz de asimilar de una manera real la visión estratégica del patrimonio como factor de desarrollo local y que se manifiesta en una serie de tics como la falta generalizada de una clara planificación estratégica y territorial de las intervenciones, el escaso interés para modernizar los instrumentos de gestión patrimoniales, la errática implantación de la formación profesional y un mayor interés por el uso propagandístico que por el uso social del patrimonio.

Me gustaría pensar que la crisis en la que estamos inmersos servirá para tomar conciencia y tratar de poner remedio a éstas rémoras. Me gustaría pensar que aprenderemos del pasado y que apostaremos por un sistema patrimonial más eficiente y no sólo más delgado. Me gustaría pensar que nuestro sector del patrimonio crecerá y podrá absorber a las nuevas generaciones de jóvenes formados en nuestras universidades que ahora emigran buscando alternativas. Me gustaría pensar que nuestro patrimonio convivirá de manera armónica con un nuevo sector turístico más sensible al concepto de sostenibilidad. Me gustaría pensar que esto será posible si se pone el patrimonio al servicio de la política y la política al servicio de los ciudadanos. De verdad que me gustaría pensarlo.