El reto del empleo en el sector del patrimonio

Manel Miró

En los últimos diez años he participado en más de un centenar de proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural en diferentes puntos de la geografía española, desde Asturias a Catalunya, desde Cantabria a Andalucía. En todas partes he podido comprobar que la precariedad laboral y la falta de profesionalización dominan el panorama de la gestión del patrimonio cultural en España. Como consecuencia de ello el sector no está cubriendo las expectativas que deberían exigírsele en relación a su contribución al desarrollo local y, de manera muy especial, a la creación de empleo (MIRÓ, Manuel: Partenariado social y perspectiva territorial: claves para la gestión integrada del patrimonio cultural. Lisboa, 2007, Actas del 6º Coloquio Era-Arqueología: “GESTÃO INTEGRADA DE PATRIMÓNIO: VALORES E PARCERIAS PÚBLICO / PRIVADO”).

La causa principal de esta situación es la tradición española en la gestión del patrimonio, una tradición que ha puesto más el acento en la administración de los recursos que en lo que podríamos llamar la “gestión creativa”, una tradición que ha considerado el dinero que cuesta la gestión del patrimonio como un gasto y no como una inversión, una tradición que no ha sido capaz de asimilar de una manera real una visión estratégica del patrimonio como factor de desarrollo local.

Esta falta de visión estratégica tiene como consecuencia más preocupante la precariedad del mercado laboral en el sector del patrimonio en España, hecho especialmente doloroso en un país que presenta un índice de paro abrumador que se convierte en insostenible en el caso del paro juvenil. Y es aún más doloroso si se tiene en cuenta que España dispone de todos los ingredientes para haber desarrollado un sector del patrimonio tan potente, al menos, como el que tiene el Reino Unido, cuyo volumen actual puede verse en un estudio presentado en Marzo del 2010 por el Heritage Lottery Fund (Investing in success. Heritage and the UK tourism economy. Published by the Heritage Lottery Fund in March 2010), la entidad responsable de financiar buena parte de los proyectos de puesta en valor del patrimonio que se llevan a cabo en el Reino Unido. Según este estudio:

• Cada año se hacen más de 10 millones de viajes de vacaciones al Reino Unido y 4 de cada 10 visitantes citan el patrimonio como la motivación principal de su viaje, más que cualquier otro factor.
• El turismo patrimonial en el Reino Unido supone un volumen de negocio de 12.400 millones de libras al año (14.460 millones de euros). Esta es la cantidad anual que se dedica no sólo a las atracciones históricas (por ejemplo, el coste de la entrada a un sitio histórico o el gasto realizado en una tienda del museo), sino que incluye también los gastos que son «motivados» de manera razonable por el deseo de visitar las atracciones patrimoniales.
• El turismo nacional (en inglés staycation) es el principal componente de este volumen de negocio. De los ingresos anuales de 12.400 millones de libras generados por el turismo patrimonial, el 60% proviene de residentes del Reino Unido en sus viajes de un día o durante sus vacaciones.
• 7.300 millones de libras de gastos en el turismo patrimonial se centran en visitas a los monumentos y a los museos, el resto hasta los 12.400 millones de libras incluye también las visitas a Parques y áreas rurales.
• El turismo tiene el potencial para ser uno de los sectores más dinámicos de la economía durante la próxima década, y el atractivo del patrimonio será vital para que se dé este crecimiento.

Si comparamos la cifra de turistas que recibe el Reino Unido con la de España vemos que España tiene el doble de turistas que Gran Bretaña, de hecho España es el cuarto país en el ranking mundial de llegadas de turistas (hace tan sólo dos años ocupaba el segundo lugar tras Francia que se mantiene en el número uno).

Por su parte España también tiene un número mayor de sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO que el Reino Unido, 43 de España frente a 20 del Reino Unido.

Según estos datos, que ponen de relieve la potencia del turismo español frente al británico así como la existencia de numerosos recursos patrimoniales en nuestro país, parecería que debiera existir en España una industria patrimonial tan desarrollada al menos como la británica. La realidad, en cambio, es muy distinta. La aportación del patrimonio cultural al sector turístico español está lejos de representar el 40% como en el caso británico. En un reciente artículo el profesor Troitiño, una de las pocas personas que se ha dedicado en España al estudio de la economía del patrimonio, decía:

“Las ciudades históricas, los conjuntos arqueológicos, los paisajes culturales, los hitos patrimoniales con fuerza simbólica, grandes monumentos y museos, se han venido consolidando como destinos turísticos en el marco de un fuerte crecimiento del turismo cultural y de ciudad, enfrentándose a cambios funcionales y sociales de naturaleza diversa. Sin embargo, los ámbitos patrimoniales raramente se han dotado de instrumentos de planificación y de herramientas de gestión capaces, por un lado, de preservar los valores del patrimonio y por otro, de responder con eficiencia a demandas y dinámicas sociales cambiantes… El estudio sobre Turismo Cultural (TURESPAÑA 2001: Estudios de Productos Turísticos. Turismo Cultural. Ministerio de Economía. Madrid), realizado por Turespaña en 2001, ponía de manifiesto la débil imagen que España tenía como destino de turismo cultural. Se estimaban en 8.500.000 los viajeros culturales año (3.500.000 españoles y 5.000.000 extranjeros); únicamente el 10,6% de los extranjeros que visitaba España lo hacía por motivos culturales y nuestro país sólo captaba el 8% de los viajes de los europeos por motivación cultural. Esta situación era reflejo, por un lado, de unas políticas turísticas centradas en el turismo de sol y playa y, por otro, de una limitada adecuación de los recursos y destinos patrimoniales para la visita turística.” (M.Á. y L. Troitiño: Patrimonio y turismo: una complementariedad necesaria en un contexto de uso responsable del patrimonio y cualificación de la visita, en Patrimonio Cultural de España, núm. 3 “La Economía del Patrimonio Cultural”, Ministerio de Cultura, Madrid, 2010.).

Carecemos de datos para España que nos permitan establecer una comparación con el volumen de negocio del patrimonio cultural del Reino Unido. No obstante, si nos fijamos en los porcentajes de consumo turístico patrimonial, una de las diferencias fundamentales entre el sector del patrimonio en el Reino Unido y en España es el volumen de consumo cultural de los turistas nacionales: mientras en el Reino Unido suponen el 60% de los ingresos, en España apenas superan el 40% (además este 40% se corresponde al consumo cultural en general dentro del cual habría que desglosar el estrictamente patrimonial). Lo que parece claro, es que mientras en el Reino Unido puede hablarse de una industria del patrimonio cultural, en España, con excepciones puntuales, se está lejos de haber conseguido ese objetivo, es más, sólo de manera puntual y teórica se ha planteado seriamente ese objetivo.

A pesar de no disponer de datos estadísticos que lo corroboren, creo que muchos estarán de acuerdo en que existe el convencimiento entre los responsables de la gestión del patrimonio cultural en España de que la sociedad española está demasiado acostumbrada a la gratuidad en los sitios patrimoniales, gratuidad que en algunos casos se considera un derecho ciudadano y que provoca el rechazo masivo de aquellos servicios que son de pago.

Las consecuencias de esta consideración son varias, pero quizá la más significativa es la creencia generalizada entre los gestores del patrimonio españoles que mientras perdure esta mentalidad es muy difícil que se pueda generar en España un sector económico del patrimonio basado en la oferta de servicios de pago.

Como muy bien dice Marga Loran (M. Loran Gili: L’accés gratuït als museus, Marzo de 2009. Departamento de Cultura, Generalitat de Catalunya), la cuestión de la gratuidad en los sitios patrimoniales  de hecho ha sido y es objeto de debate en muchos países de nuestro entorno. En general, la gratuidad es defendida por aquellos que atribuyen a los museos un rol de garante del patrimonio colectivo y que consideran que la principal función del museo es la educación y que ello implica inevitablemente una igualdad de derechos de acceso a todas las clases sociales. Por el contrario, los defensores del cobro de entrada centran sus argumentos en la necesidad de generar más recursos para poder atender correctamente a las funciones de conservación y difusión dada la precariedad de recursos públicos destinados a la gestión de los sitios patrimoniales y museos que empieza a sufrir Europa y Estados Unidos desde la década de los 80 del pasado siglo. En todo caso, teniendo en cuenta que la apertura al público de los sitios patrimoniales y los servicios que allí se prestan tienen un coste, la cuestión a plantear es quién debe asumir el coste de la gratuidad ¿Las propias organizaciones patrimoniales que suelen sobrevivir con presupuestos escasos? ¿Las consejerías de cultura que suelen ser las administraciones con un menor presupuesto? Dado que el acceso gratuito tiene un componente social y educativo ¿No deberían ser las administraciones encargadas de la educación y la política social las que asumieran ese coste?

En España conviven actualmente ambos modelos, lo que supone un problema de competencia desleal cuando esa circunstancia se da a la vez en un mismo territorio. Un turista difícilmente comprenderá que la visita guiada a una cueva con pinturas paleolíticas sea gratuita, cuando supone al menos un par de horas de trabajo de un técnico especializado, mientras tiene que pagar 5€ por el mismo servicio para visitar un monumento cercano. La gratuidad del acceso a los sitios patrimoniales y de los servicios vinculados sólo se entiende en un contexto educativo y de democratización del acceso de los ciudadanos a la cultura pero no está en absoluto justificada en el ámbito del ocio y del turismo.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos una pareja de turistas franceses, procedentes de París, que vienen 4 días a Cantabria a visitar arte rupestre. Se gastarán aproximadamente 400,00€ en el vuelo París-Santander, unos 200,00€ en el alquiler del coche 4 días, unos 300,00€ en 4 noches de hotel 3* y unos 400,00€ en bares y restaurantes. Pagarán 6,00€ (3 por persona) para entrar al Museo de Altamira, 6,00€ más (3 por persona) para visitar la cueva del Castillo en Puente Viesgo y les saldrá gratuita la visita guiada a la cueva de Chufín. En total, sin contar los regalos o recuerdos que hayan decidido comprar, el viaje para conocer el arte rupestre cántabro le habrá costado a la pareja unos 1.312,00€.

¿Es razonable que la motivación principal del viaje, el arte rupestre, suponga sólo el 0,9% del gasto total del viaje? ¿Es razonable que el Gobierno de Cantabria le regale una visita guiada a la cueva de Chufín a un par de personas que se pueden permitir gastar 1.312,00€ en un viaje de cuatro días?

Si la cueva de Chufín puede recibir 20 visitantes diarios, lo que supone una capacidad de 1.200 visitantes en dos meses, que es el periodo de apertura establecido actualmente ¿sería razonable considerar que con el 50% de las visitas posibles se cubrieran los costes del servicio de visitas guiadas? Es decir, que para poder financiar los 6.000,00€ que aproximadamente le cuesta al Gobierno de Cantabria que la Cueva de Chufín sea accesible ¿sería razonable establecer un precio 10,00€? ¿Les parecerá cara una entrada de 10,00€ a unas personas que están invirtiendo 1.300,00€ en un viaje para conocer el arte rupestre? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a pagar 10,00€ para visitar la cueva de Chufín?

La respuesta a estas preguntas es la clave para conseguir que el sector del patrimonio cultural contribuya de manera significativa a la creación de empleo en nuestro país.